Uno de los objetivos que mayor consenso alcanza en el campo de la política cultural es el concepto de "democratización de la cultura". Esta democratización se puede entender en varias dimensiones pero quizás la más tradicional tiene que ver con el hecho de que todos los ciudadanos tengan la opción, si lo desean, de acceder al consumo y a la práctica de bienes actividades y servicios reservados en sociedades premodernas a las élites económicas y culturales. Es decir, que tener la opción de escuchar al trompetista Marsalis, asistir a una obra de Chejov o poder contemplar una exposición de Piero Dorazi no sea sólo un privilegio de las clases altas. Parte de la intervención pública en cultura se legitima a través de la argumentación precedente y así uno de los instrumentos básicos para conseguir dicho objetivo es que el sector público se encargue de proveer esos bienes y servicios culturales y los ofrezca a precios públicos, por debajo de los precios de mercado, asumiendo el supuesto de que una de las barreras de acceso es la barrera económica.

En este contexto parece que la situación en Valencia es de verdadero placer para el consumo de la denominada "alta cultura". Según los datos que aparecen en el reciente Anuario de la SGAE sobre 2002, en la Comunidad Valenciana una entrada media de teatro (recaudación total partida por espectadores totales) cuesta menos de la mitad que en el resto de España (4,9 Euros frente a 10,4), un poquito más de la mitad en el caso de la danza (6,0 frente a 11,6), bastante menos de la mitad en el caso de la ópera (13,7 frente a 30,4), un par de euros menos en la música sinfónica (11,7 frente a 13,8) y una tercera parte en el caso de la música de cámara (2,8 frente a 8 euros). Y encima por tres euros te regalan siete u ocho exposiciones de la Bienal de impacto mundial.

Ante esta situación de verdadera jauja parece que a nuestros políticos culturales no sólo hay que cargarlos de medallas de encomiendas de Isabel la Católica sino preparar rápido los expedientes para una canonización segura ahora que están baratas. ...¿Pero que pasaría si no nos creyésemos el supuesto inicial? Es decir si pensásemos que la restricción presupuestaria no es una restricción relevante para la democratización de la cultura. Sabemos que la entrada media a un partido de fútbol de Primera División en la temporada 2001/2002 costó 24,1 Euros (y 19,8 en Segunda División) y nadie parece reclamar deficiencias en la democratización del fútbol. También numerosos estudios, entre ellos el excelente de Roberto Luna sobre el consumo teatral en la ciudad de Valencia, demuestran que sólo para una parte muy pequeña de los no asistentes, el precio resulta una variable explicativa de su no asistencia.

¿Qué pasaría si pensásemos que probablemente la democratización de la cultura es uno de los fracasos más estrepitosos -no sólo en España- de las políticas culturales? Con datos de 1998 un 97% de los españoles no ha asistido a una ópera ni a un espectáculo de danza, un 90% no ha asistido nunca a una sesión de música clásica, un 75% nunca ha asistido a una obra de teatro...Si pensamos, como nos indican numerosos estudios, que el consumo de alta cultura sigue siendo un hábito de las clases medias-altas, unos precios subvencionados y muy bajos no significan más que el conjunto de la ciudadanía -cuya mayoría no consume servicios culturales- está transfiriendo recursos -dinero, para saltarnos jergas- de los impuestos para que una minoría rica e ilustrada disfrute de música clásica, teatro y arte contemporáneo a precios de saldo. Por ejemplo, un estudio sobre los asistentes al Liceu de Barcelona mostraba que más del 80% se encuadraban en la clase alta y sólo el 6% se asignaban a clase baja. Si uno se pusiera a las puertas del Palau de Valencia en un concierto lírico podría comprobar la sonrisa de notarios, médicos, catedráticos y abogados pagando apenas 30 Euros por sesiones cuyo coste por asistente está cuatro o cinco veces por encima de lo que pagan.

Así y paradójicamente la política cultural con su pretensión democratizadora se convierte en una de las intervenciones públicas más regresivas fiscalmente. Curiosamente las prácticas culturales con un consumo de clase más transversal son las que comparativamente resultan más desfavorables para los consumidores valencianos. La entrada media de cine vale más aquí que en el resto de España y las entradas a conciertos de música popular están por encima de la media española (4,6 euros frente a 4,0). La cuestión no es baladí y tiene implicaciones redistributivas importantes. Si los casi 34.000 espectadores valencianos de ópera pagaran la entrada al precio medio de España (30 euros) obtendríamos más de medio millón de euros, dinero que podría solventar en gran parte los problemas de financiación y funcionamiento de las escuelas de música de las sociedades musicales. Si los más de 200.000 visitantes del IVAM pagaran hasta lo que vale la entrada del Thyssen (6,6 euros) en vez de los dos euros de tarifa normal, tendríamos casi un millón de euros más que podrían incrementar en un 50% las ayudas a la producción teatral... Y, señor Esteban González, si alguien supiera lo que nos cuesta la Bienal, sería factible calcular lo que podríamos cobrar en el Muvim, la Beneficencia y en el San Pius V para salirnos de rositas.

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