'El teatro en España necesita dos cosas: dinero e imaginación'. Así lo cree Luis Alberto de Cuenca, secretario de Estado de Cultura, que ha tomado nota de las recomendaciones que 15 expertos del mundo del teatro, pertenecientes a diferentes palos del sector, le han hecho. Éstos se han reunido durante casi un año para elaborar un borrador de 77 páginas que pretenden que se convierta en un ambicioso Plan General de Teatro. La reivindicación más llamativa de la reforma es convertir el mundo de la escena en un servicio cultural público, como lo son los museos y las bibliotecas.

'Dinero, dinero y dinero'. Es lo que piden todos los integrantes del sector. Pero no a costa de elevar sólo los presupuestos, sino a través de otros caminos. La conversión del sector en servicio público supone, entre otras cosas, una fiscalidad diferente y un intento de captar más público mediante la bajada de las entradas al reducirse el IVA del 16% al 4%, como ocurre en otros países. Ésa es una batalla dura porque la decisión final no dependería del Gobierno español, sino de la Unión Europea.

Desde el ministerio se ven dificultades al proyecto: 'Es extraordinariamente complejo, según me indican los responsables económicos', asegura De Cuenca. Otras voces del sector reclaman más audacia. Consideran que esa reducción del IVA les permitiría acumular los fondos necesarios para sostener mejor las programaciones futuras, sus nuevos proyectos.

Además, tanto las comunidades autónomas, a las que ya se ha transferido gran parte del teatro, como el Congreso de los Diputados han recibido el borrador en el que se solicita que el teatro sea una asignatura de la Educación Secundaria, en la que se enseñen prácticas escénicas y se intenten formar nuevos públicos y nuevos creadores.

Sobre el sistema de subvenciones, el borrador del nuevo Plan General de Teatro también aconseja cambios. En vez de dinero, los profesionales ofrecen aceptar un paquete de funciones dentro de la red de teatros públicos; siempre y cuando no implique darle a ese circuito el poder del ministerio en la selección.

Pero el Gobierno sí perdería poder a la hora de hacer nombramientos, según contempla el plan. Los directores de teatros públicos serían designados después de un concurso público al que optarían equipos con un proyecto concreto. Es un sistema que ya se utiliza en muchos teatros europeos.

También se contempla apoyar al sector a través de subvenciones para exportar al extranjero montajes de autores españoles; fortalecer el teatro de base, que es la cantera de creadores y públicos nuevos; instaurar cuotas en los teatros públicos para los autores y elaborar un plan de promoción en el que se implicaría a las televisiones en la programación de obras y en la difusión de la cultura teatral a través de espacios específicos. Se ha tenido muy en cuenta la importancia de potenciar los circuitos alternativos, las asociaciones de espectadores o los fondos documentales en los que se dé información y se invite a la reflexión. Otro aspecto importante: que los textos premiados lleguen a estrenarse.

El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem), que dirige Andrés Amorós, ha servido de sede para todas las reuniones en las que han participado Jesús Campos y Santiago Martín Bermúdez, de la Asociación de Autores de Teatro; Joan Maria Gual y Juan Calzada, de la Red Española de Teatros, Auditorios y Circuitos de Titularidad Pública; Carlos Sarrió y Miguel Escutia, de la Coordinadora Estatal de Salas Alternativas; Roca González y Daniel Martínez, de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas Productoras de Teatro y Danza; Jorge Bosso y Juan Matute, de la Federación de Actores del Estado Español, y Hermann Bonin, de la Organización de Sindicatos de Actores y Actrices del Estado Español.

No han faltado nunca a estas reuniones Cristina Santolaria, subdirectora general del Inaem, y dos miembros de su equipo, Enrique Guzmán y Alberto Fernández Torres, este último conocido y prestigioso teórico del mundo del teatro. En esta lista faltan los directores de escena, que sí estuvieron representados, en un principio, por Juan Antonio Hormigón y Eduardo Vasco, de la Asociación de Directores de Escena, pero que se retiraron: 'Se decidió así por parte de nuestra junta directiva', explica Hormigón, 'ya que se pensó que era preferible que siguiéramos adelante con un proyecto propio, en el que seguimos trabajando'.

Tras elaborar siete borradores parece que los miembros de la comisión han llegado a un anteproyecto de plan en el que hay un amplio consenso entre los diversos sectores representados. Para muchos de ellos es algo milagroso, pues han tenido que escuchar a varios agoreros que les pronosticaban un fracaso por falta de acuerdo. Ahora, no sólo se trata de que exista ese documento de trabajo, sino que han logrado consensuar muchos intereses enfrentados y tradicionalmente a la greña.

Todos prefieren calificar la propuesta como Plan General, aunque en realidad estaríamos ante la Ley de Teatro que desde hace tantos años ha perseguido el sector. El nombre no es casual. Una ley es muy difícil de modificar desde el punto de vista administrativo, mientras que un plan, por profundo que sea, siempre admite cambios con una cierta celeridad, aunque tenga rango legal. Una ley podría convertirse en un corsé, según apuntan algunos, dentro del cual se asfixiarían muchas propuestas que por ahora sólo pueden considerarse experimentales hasta que no hayan superado la prueba de llevarse a la práctica.

El ministerio no se ha comprometido a que esta propuesta termine por ser normativa. 'Ni yo, ni nadie de mi equipo ha prometido que esto se convierta en una ley, por lo menos, en esta legislatura', afirma De Cuenca.

Algunos, para que las propuestas no queden en papel mojado, prefieren incluso hablar de Libro Blanco del Teatro. Pero si los objetivos que se han planteado llegaran a buen puerto y se convirtieran en vinculantes se daría la circunstancia de que la Administración, al igual que ocurre con la sanidad o la educación, tendría que tratar el teatro como algo que está obligada a hacer llegar al ciudadano. De hecho, si el plan fuese contemplado y aprobado por las Cortes, podría llegar a darse el caso de que los ayuntamientos españoles, al igual que están obligados a contar con bibliotecas, tuvieran que disponer de teatros con programación estable.