Un plan muy secreto
El Plan General plantea cambiar el funcionamiento de los teatros públicos

El futuro Plan General de Teatro plantea cambiar aspectos esenciales de la estructura teatral española, como el funcionamiento de los teatros públicos o el sistema de subvenciones. Pero todavía queda un largo trecho por recorrer para que así sea: a punto de que sus autores –las asociaciones del sector–, le den el visto bueno, éstos aspiran a que sea refrendado por las administraciones públicas y apoyado por los partidos políticos y otros organismos. Llevado con secreto por sus autores, que temen que su publicidad lo aborte antes de someterlo a la aprobación de las administraciones, El Cultural desvela algunos de sus puntos esenciales.

El Plan General de Teatro lleva un año elaborándose y falta muy poco para que sus autores, seis organizaciones y asociaciones de teatro coordinadas por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), le den el visto bueno y lo sometan a la aprobación de las comunidades autónomas. Hasta la fecha se han elaborado cinco borradores o documentos de referencia en los que se hace un diagnóstico de la situación del teatro español y se aportan soluciones a los problemas detectados.

El plan, dice el último borrador, nace ante la exigencia de un marco regulador que ofrezca “un conjunto articulado y coherente de medidas que permitan superar la incertidumbre legislativa y la insuficien- cia presupuestaria” en la que se encuentra el teatro español. En siete capítulos aborda desde su consideración como servicio público, al momento actual de la creación, la producción, la distribución y la exhibición, la promoción y la presencia en el exterior.

Para no herir sensibilidades nacionalistas se le ha bautizado de “general” y no de “nacional”. El plan no va a tener carácter vinculante para las administraciones, pero sus autores buscan el apoyo de éstas y el refrendo de los órganos legislativos. De ser así, supondría un marco de actuación para las autoridades en materia de teatro. Ha sido elaborado por los representantes de la Asociación de Autores de Teatro (AAT), la Federación de Actores del Estado Español, la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas Productoras de Teatro y Danza (FAETEDA), la Coordinadora Estatal de Salas Alternativas (CESA), la Asociación Cultural Red Española de Teatros, Auditorios y Circuitos de Titularidad Pública y la Organización de Sindicatos de Actores y Actrices del Estado Español (OSAAEE). Únicamente la Asociación de Directores de Escena declinó participar por no compartir ni la metodología ni los objetivos que debía cumplir, según explica Juan Antonio Hormigón, secretario de la asociación y quien no rechaza suscribirlo si el resultado convence a sus asociados. De los capítulos tratados en el documento, destacan los siguientes:

Producción. El dedicado a la iniciativa pública es el más delicado. Se plantea modificar el funcionamiento de las unidades de producción y teatros de titularidad pública. Aunque todavía no hoy un acuerdo definitivo, sí se barajan varias ideas. La mayoría de los autores del plan defienden una regulación “más democrática” de los teatros públicos, que dejen de depender de la buena voluntad del director de turno y que se regulen mediante un contrato-programa en el que se establezcan los objetivos del proyecto y el presupuesto para llevarlo a cabo. Más peliaguda si cabe es la propuesta de que se forme una comisión de seguimiento que vigile el desarrollo del proyecto y en el que esté representada la sociedad civil.

Política de ayudas. No se quiere modificar el actual sistema, sino matizar los baremos actuales a fin de establecer criterios más objetivos para adjudicar las subvenciones. Y como novedad se pretende reforzar las ayudas a compañías y productoras estables, que sean capaces de demostrar una trayectoria continuada. Hasta ahora las compañías subvencionadas tenían que cumplir con el requisito de ofrecer un mínimo de representaciones en un periodo determinado. Se propone prorrogar el plazo. También primar la distribución de los espectáculos para abaratar costos. En este sentido jugaría un papel fundamental la Red de Teatros de Titularidad Pública que gestiona 400 teatros en todo el país. Y se potenciará a aquéllas compañías que actúan fuera de su comunidad. En líneas generales se quiere reforzar las producciones de autores vivos y las producciones de teatro español en el extranjero.
El teatro alternativo recibe especial consideración en el borrador y una de las novedades es la creación de un centro que facilite su distribución y adecue este tipo de producciones a los teatros existentes.

Tratamiento Fiscal. Defienden una antigua reivindicación, reducir el 16% de IVA y establecer un tipo único (en la actualidad se gravan las entradas con el 7% y la producción con el 16%). Anulación de la orden establecida hace cuatro años y que grava con el IVA las subvenciones públicas que las compañías reciben. Además, se pide el acceso a las ayudas oficiales a la industria, vetadas a la industria teatral. Desgravación fiscal para aquellos actores que, frente al cine y la televisión, vuelvan al teatro. Y desgravaciones para aquellas producciones que inviertan en I+D.

Servicio Cultural Público. Todo el plan se articula en torno a la idea del teatro como servicio público: “el teatro tiene un valor pedagógico”, “da respuesta a una demanda real y potencial de la sociedad”, “es un arte social que exige del público”, “tiene un valor patrimonial”... Y tan convencidos están sus autores de ello que un anexo al documento se ocupa de desarrollar esta tesis frente a las teorías que pudieran derribarla. Uno de los argumentos que esgrime es que el teatro es el arte peor tratado por las administraciones como demuestra la desproporción presupuestaria que el Ministerio de Cultura mantiene con respecto a Música. Hasta 1985, ambas artes recibieron los mismos presupuestos pero a partir de entonces se disparan los de Música y se mantienen los de Teatro: en 2001 fueron de 85.125 euros frente a 28.732 euros. Su defensa como servicio público es una forma de comprometer a las administraciones a protegerlo y a destinarle más recursos.

Iniciativa Privada. La consideración como servicio público no resta para que se subraye también su valor como industria y mercado cultural: emplea a 8000 personas, su cifra de negocios es de 90 millones de euros . “El teatro ha alcanzado velocidad de crucero”, se dice, “pero hay que aplicar medidas de potenciación. Es dudoso que, por sí solo y sin estas medidas, pueda dar el salto”.

El hecho artístico. Analiza el marco laboral, la creación y el teatro en los centros de enseñanza, entre otros aspectos. Se indica cómo los creadores están siendo desplazados al cine y la televisión. También cómo el capital extranjero ha comenzado a adquirir teatros. En el ámbito de la Seguridad Social se propone estudiar el mejor regímen jurídico para los arttistas. Igualmente, se aspira a que la práctica teatral tenga mayor presencia en la enseñanza, siguiendo el ejemplo de las enseñanzas musicales.

Liz Perales